¡Es el paso que tenemos que dar!
Nos visita Raquel Rolnik, relatora especial sobre vivienda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La nota que publica P12 sobre su visita abarca todos los aspectos del problema, por lo que la transcribimos entera. Imprescindible.
Una lección para generar vivienda popular
Después de entrevistar a organizaciones sociales y visitar asentamientos, Raquel Rolnik cuestionó la falta de regulación del precio de la tierra, que la hace inaccesible a los sectores populares. Elogió, aunque con reservas, la inversión en viviendas.
Por Pedro Lipcovich
“Los barrios cerrados, con densidad habitacional bajísima, se desarrollan en vez de los loteos que permitían a muchos trabajadores hacerse sus casas; por este y otros motivos, los sectores populares recurren a la ocupación de terrenos.” Quien formula esta observación es Raquel Rolnik, relatora especial sobre vivienda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al finalizar su visita a la Argentina –que incluyó “decenas de visitas a organizaciones sociales y cooperativas”–, presentó sus primeras conclusiones, que incluyen fuertes cuestionamientos: “No conozco otro país donde los jueces ordenen desalojos tan fácilmente, en el marco de medidas cautelares”. Denunció “el desalojo y quema de viviendas de los qom, en Formosa”, “el uso de la fuerza en el parque Indoamericano” o “la acción intimidatoria de grupos de seguridad privada en Ushuaia”. Y señaló a “los políticos que, con cuentagotas, dan uno u otro servicio a los asentamientos a cambio de votos”. Valoró que “desde 2003, el Estado argentino cumple en invertir en vivienda” pero criticó que “el programa se centra en empresas constructoras” más que en la acción de las comunidades involucradas. Según la funcionaria, “la Argentina puede resolver en 10 o 15 años la cuestión de la vivienda”, pero a condición de encarar “un plan nacional de suelo y hábitat”.
“La crisis habitacional de la Argentina, que se arrastra desde hace décadas, se agravó en los últimos años, porque la reactivación económica no va acompañada por mecanismos de regulación del precio del suelo: entonces, los mayores ingresos de las clases más favorecidas se trasladan a los precios de venta y alquiler de propiedades. Y las clases medias no tienen buenas posibilidades de crédito y, así expulsadas del mercado, pasan a competir por ubicaciones tradicionalmente populares”, explicó Rolnik, con amplia trayectoria en el tema en su país de origen, Brasil.
Sin embargo. “hay algo muy positivo –subrayó–: desde 2003, el Estado se comprometió con la cuestión de la vivienda: hubo una inversión fuerte, y según datos oficiales se lograron más de 500.000 soluciones habitacionales. Ahora bien, el programa federal se centra en empresas constructoras que entregan las viviendas llave en mano, y esto debería ser una alternativa entre otras. Hay programas de mejoras en barrios o para cooperativas, pero están menos priorizados, y deben competir por la tierra en un mercado que incluye viviendas de lujo.”
Es que “es imprescindible incluir acciones de regulación del suelo. Falta en la Argentina un plan nacional de suelo y hábitat urbano y rural. En el conurbano bonaerense, en lugar de los loteos, que, en cuotas, en las décadas de 1950 o 1960, permitían a muchos trabajadores hacerse su casa, proliferan barrios cerrados, para sectores de altos ingresos, con una densidad habitacional de sólo cuatro personas por hectárea. Así para los sectores populares, a falta de opción, las ocupaciones resultan la forma más común de hacerse de suelo y vivienda”.
–Algún intendente del conurbano planteó que, aunque recibe fondos del Estado nacional para viviendas, ya es casi imposible encontrar lugares libres donde edificar –observó Página/12.
–¿Cómo que “no hay lugar”? –contestó Raquel Rolnik–. No lo hay para los pobres. Gran Bretaña, España, Francia, Holanda, además de invertir en viviendas y subsidiar alquileres, tienen leyes de ordenamiento territorial: en Gran Bretaña, cada urbanización privada debe aportar el 30 por ciento de la superficie de tierra para viviendas de sectores de bajos ingresos; en Francia, aportan el 20 por ciento. En Manhattan, Nueva York, casi la mitad de los alquileres están protegidos: los reajustes no los dicta la especulación inmobiliaria sino una comisión local.
“Si se trata de lugar –continuó Rolnik–, el Estado puede ofrecer tierras fiscales, en vez de, al revés, desalojarlas cuando son ocupadas. Y siempre hay tierras e inmuebles desocupados. Las propiedades cuyos impuestos no se pagan pueden adquirirse para vivienda social. En las zonificaciones, así como se admite que haya lugares determinados para industrias, para oficinas, para edificios en altura, ¿por qué no para viviendas de interés social?”. Y agregó una observación impecable: “Si hay gente que usurpa casas, es porque esas casas están vacías”.
En este punto, la investigadora plantea una distinción que juzga esencial: “Se trata de producir hábitat, no sólo vivienda: es el derecho a la ciudad o, si se trata de campesinos o pueblos originarios, el derecho a medios de sobrevivencia. Esto requiere un pacto sobre vivienda urbana y rural, que reconozca a todos el derecho a un lugar”. Es necesaria “la articulación entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales. De otro modo los proyectos dependen de negociaciones políticas: si hay acuerdo, se trabaja y si no, no”. Y advierte que “también hay que acordar a nivel nacional en los criterios de adjudicación. En la Argentina, a veces el criterio es quién es amigo y quién es enemigo. También hay sistemas por puntaje, pero son a veces discriminatorios como el de Ushuaia, que perjudica a los inmigrantes”.
En estos órdenes, “sería positivo que se apruebe el Proyecto de Ley de Hábitat Popular (que presentó el Ejecutivo bonaerense en la Legislatura), que plantea la intervención del Estado para regular el mercado: incluye estrategias de producción de hábitat popular y muchos instrumentos como la sanción a inmuebles vacantes o el impuesto a los barrios cerrados, que es de lo que más se habló”. Entretanto, “respecto de las ocupaciones, las autoridades argentinas mantienen una ambigüedad: ¿se puede o no ocupar? ¿La ocupación es transitoria o definitiva? ¿Van a quedarse o a relocalizarse? Esto se convierte en objeto de disputa de punteros políticos, y los habitantes quedan vulnerables a la discrecionalidad que puede depararles la consolidación o el desalojo. Esto se ve aun en el caso de la Villa 31, donde hay una ley de consolidación pero no se implementa por disputas entre organismos y niveles involucrados”, observó Rolnik.
Y la relatora especial finalizó con una pregunta: “En la Argentina, ¿seguiremos produciendo villas? ¿Nos limitaremos a consolidarlas? El desafío, además de consolidar de una vez por todas las ya existentes, es lograr una oferta de hábitat para antes de que se produzcan las ocupaciones. En países como Colombia, se ofreció a la gente suelo urbanizado con asistencia técnica: construyeron sus propias casas bajo condiciones planificadas, funcionó. En la Argentina se están perdiendo generaciones hacinadas en asentamientos sin cloacas, con aguas contaminadas. ¿Quiénes ganan con esto? Ganan los políticos que toman esas comunidades para obtener votos de poblaciones vulnerables: los servicios se otorgan por goteo, a cambio de una base electoral para uno u otro político. Y ganan aquellos sectores sociales que así no ceden nada mientras los pobres se arreglan como pueden, preferiblemente lejos de la vista del resto de la población”.
Después de entrevistar a organizaciones sociales y visitar asentamientos, Raquel Rolnik cuestionó la falta de regulación del precio de la tierra, que la hace inaccesible a los sectores populares. Elogió, aunque con reservas, la inversión en viviendas.
Por Pedro Lipcovich
“Los barrios cerrados, con densidad habitacional bajísima, se desarrollan en vez de los loteos que permitían a muchos trabajadores hacerse sus casas; por este y otros motivos, los sectores populares recurren a la ocupación de terrenos.” Quien formula esta observación es Raquel Rolnik, relatora especial sobre vivienda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al finalizar su visita a la Argentina –que incluyó “decenas de visitas a organizaciones sociales y cooperativas”–, presentó sus primeras conclusiones, que incluyen fuertes cuestionamientos: “No conozco otro país donde los jueces ordenen desalojos tan fácilmente, en el marco de medidas cautelares”. Denunció “el desalojo y quema de viviendas de los qom, en Formosa”, “el uso de la fuerza en el parque Indoamericano” o “la acción intimidatoria de grupos de seguridad privada en Ushuaia”. Y señaló a “los políticos que, con cuentagotas, dan uno u otro servicio a los asentamientos a cambio de votos”. Valoró que “desde 2003, el Estado argentino cumple en invertir en vivienda” pero criticó que “el programa se centra en empresas constructoras” más que en la acción de las comunidades involucradas. Según la funcionaria, “la Argentina puede resolver en 10 o 15 años la cuestión de la vivienda”, pero a condición de encarar “un plan nacional de suelo y hábitat”.
“La crisis habitacional de la Argentina, que se arrastra desde hace décadas, se agravó en los últimos años, porque la reactivación económica no va acompañada por mecanismos de regulación del precio del suelo: entonces, los mayores ingresos de las clases más favorecidas se trasladan a los precios de venta y alquiler de propiedades. Y las clases medias no tienen buenas posibilidades de crédito y, así expulsadas del mercado, pasan a competir por ubicaciones tradicionalmente populares”, explicó Rolnik, con amplia trayectoria en el tema en su país de origen, Brasil.
Sin embargo. “hay algo muy positivo –subrayó–: desde 2003, el Estado se comprometió con la cuestión de la vivienda: hubo una inversión fuerte, y según datos oficiales se lograron más de 500.000 soluciones habitacionales. Ahora bien, el programa federal se centra en empresas constructoras que entregan las viviendas llave en mano, y esto debería ser una alternativa entre otras. Hay programas de mejoras en barrios o para cooperativas, pero están menos priorizados, y deben competir por la tierra en un mercado que incluye viviendas de lujo.”
Es que “es imprescindible incluir acciones de regulación del suelo. Falta en la Argentina un plan nacional de suelo y hábitat urbano y rural. En el conurbano bonaerense, en lugar de los loteos, que, en cuotas, en las décadas de 1950 o 1960, permitían a muchos trabajadores hacerse su casa, proliferan barrios cerrados, para sectores de altos ingresos, con una densidad habitacional de sólo cuatro personas por hectárea. Así para los sectores populares, a falta de opción, las ocupaciones resultan la forma más común de hacerse de suelo y vivienda”.
–Algún intendente del conurbano planteó que, aunque recibe fondos del Estado nacional para viviendas, ya es casi imposible encontrar lugares libres donde edificar –observó Página/12.
–¿Cómo que “no hay lugar”? –contestó Raquel Rolnik–. No lo hay para los pobres. Gran Bretaña, España, Francia, Holanda, además de invertir en viviendas y subsidiar alquileres, tienen leyes de ordenamiento territorial: en Gran Bretaña, cada urbanización privada debe aportar el 30 por ciento de la superficie de tierra para viviendas de sectores de bajos ingresos; en Francia, aportan el 20 por ciento. En Manhattan, Nueva York, casi la mitad de los alquileres están protegidos: los reajustes no los dicta la especulación inmobiliaria sino una comisión local.
“Si se trata de lugar –continuó Rolnik–, el Estado puede ofrecer tierras fiscales, en vez de, al revés, desalojarlas cuando son ocupadas. Y siempre hay tierras e inmuebles desocupados. Las propiedades cuyos impuestos no se pagan pueden adquirirse para vivienda social. En las zonificaciones, así como se admite que haya lugares determinados para industrias, para oficinas, para edificios en altura, ¿por qué no para viviendas de interés social?”. Y agregó una observación impecable: “Si hay gente que usurpa casas, es porque esas casas están vacías”.
En este punto, la investigadora plantea una distinción que juzga esencial: “Se trata de producir hábitat, no sólo vivienda: es el derecho a la ciudad o, si se trata de campesinos o pueblos originarios, el derecho a medios de sobrevivencia. Esto requiere un pacto sobre vivienda urbana y rural, que reconozca a todos el derecho a un lugar”. Es necesaria “la articulación entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales. De otro modo los proyectos dependen de negociaciones políticas: si hay acuerdo, se trabaja y si no, no”. Y advierte que “también hay que acordar a nivel nacional en los criterios de adjudicación. En la Argentina, a veces el criterio es quién es amigo y quién es enemigo. También hay sistemas por puntaje, pero son a veces discriminatorios como el de Ushuaia, que perjudica a los inmigrantes”.
En estos órdenes, “sería positivo que se apruebe el Proyecto de Ley de Hábitat Popular (que presentó el Ejecutivo bonaerense en la Legislatura), que plantea la intervención del Estado para regular el mercado: incluye estrategias de producción de hábitat popular y muchos instrumentos como la sanción a inmuebles vacantes o el impuesto a los barrios cerrados, que es de lo que más se habló”. Entretanto, “respecto de las ocupaciones, las autoridades argentinas mantienen una ambigüedad: ¿se puede o no ocupar? ¿La ocupación es transitoria o definitiva? ¿Van a quedarse o a relocalizarse? Esto se convierte en objeto de disputa de punteros políticos, y los habitantes quedan vulnerables a la discrecionalidad que puede depararles la consolidación o el desalojo. Esto se ve aun en el caso de la Villa 31, donde hay una ley de consolidación pero no se implementa por disputas entre organismos y niveles involucrados”, observó Rolnik.
Y la relatora especial finalizó con una pregunta: “En la Argentina, ¿seguiremos produciendo villas? ¿Nos limitaremos a consolidarlas? El desafío, además de consolidar de una vez por todas las ya existentes, es lograr una oferta de hábitat para antes de que se produzcan las ocupaciones. En países como Colombia, se ofreció a la gente suelo urbanizado con asistencia técnica: construyeron sus propias casas bajo condiciones planificadas, funcionó. En la Argentina se están perdiendo generaciones hacinadas en asentamientos sin cloacas, con aguas contaminadas. ¿Quiénes ganan con esto? Ganan los políticos que toman esas comunidades para obtener votos de poblaciones vulnerables: los servicios se otorgan por goteo, a cambio de una base electoral para uno u otro político. Y ganan aquellos sectores sociales que así no ceden nada mientras los pobres se arreglan como pueden, preferiblemente lejos de la vista del resto de la población”.
El país del desalojo fácil
“En la Argentina, como en ningún otro lugar, los jueces llegan fácilmente al desalojo en el marco de medidas cautelares. Incluso el Estado hace causas penales por usurpación de tierras fiscales, en lugar de urbanizarlas. Hay desalojos que contradicen los criterios internacionales, donde se recurrió a la fuerza sin derecho a defensa como en el parque Indoamericano y en la comunidad La Primavera, de los Qom, en la provincia de Formosa, echada de sus tierras ancestrales y sus viviendas quemadas, en un hecho muy preocupante. En Ushuaia actúan cooperativas privadas de seguridad, contratadas por el municipio, que amenazan a habitantes de asentamientos –denunció Raquel Rolnik, relatora de la ONU sobre Vivienda–. Como no se establecen políticas públicas, se judicializa el problema.”
“La relocalización es siempre traumática, aleja a las poblaciones de sus trabajos y escuelas, a veces empeora la situación original –agregó–. A veces, sí, hay que relocalizar, como en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde ante todo hay que observar que la política se basa en una sentencia judicial y no, como debería serlo, en un plan de reurbanización. Pero ciertamente es un área contaminada, que produce enfermedades: sin embargo, a 600 metros hay galpones y tierras vacías, a donde sería más digno trasladar a los habitantes. En cambio, en la villa Rodrigo Bueno no hay problemas de contaminación, se puede consolidar: no quieren hacerlo porque temen que esos vecinos devalúen los cercanos edificios de lujo.”
“En la Argentina, como en ningún otro lugar, los jueces llegan fácilmente al desalojo en el marco de medidas cautelares. Incluso el Estado hace causas penales por usurpación de tierras fiscales, en lugar de urbanizarlas. Hay desalojos que contradicen los criterios internacionales, donde se recurrió a la fuerza sin derecho a defensa como en el parque Indoamericano y en la comunidad La Primavera, de los Qom, en la provincia de Formosa, echada de sus tierras ancestrales y sus viviendas quemadas, en un hecho muy preocupante. En Ushuaia actúan cooperativas privadas de seguridad, contratadas por el municipio, que amenazan a habitantes de asentamientos –denunció Raquel Rolnik, relatora de la ONU sobre Vivienda–. Como no se establecen políticas públicas, se judicializa el problema.”
“La relocalización es siempre traumática, aleja a las poblaciones de sus trabajos y escuelas, a veces empeora la situación original –agregó–. A veces, sí, hay que relocalizar, como en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde ante todo hay que observar que la política se basa en una sentencia judicial y no, como debería serlo, en un plan de reurbanización. Pero ciertamente es un área contaminada, que produce enfermedades: sin embargo, a 600 metros hay galpones y tierras vacías, a donde sería más digno trasladar a los habitantes. En cambio, en la villa Rodrigo Bueno no hay problemas de contaminación, se puede consolidar: no quieren hacerlo porque temen que esos vecinos devalúen los cercanos edificios de lujo.”
“El hacinamiento es inadmisible”
“La Argentina está en condiciones de resolver su problema de vivienda en diez o quince años –estimó Raquel Rolnik, relatora especial sobre Vivienda y Derechos Humanos de la ONU–. Porque acá las familias en precariedad habitacional componen el 20 o 25 por ciento de los hogares, lo cual es mucho pero menos que en cualquier otro país de América latina excepto Chile. Además, la Argentina es de los pocos países de la región que tuvo, en los años de 1950 y 1960, un Estado de Bienestar, que incluía la construcción pública de viviendas. Duele el corazón que un país haya destruido su propio Estado de Bienestar pero así fue, especialmente en los ‘90, bajo el marco internacional que tendía a desmontar el Estado y que transformó la vivienda en mercancía, en activo financiero. Pero da esperanza el hecho de que, desde 2003, la Argentina tomó otra dirección, con el compromiso presupuestario del Estado, que es muy importante.”
“Además –continuó–, en la Argentina hay organización social en cooperativas y entidades de ayuda mutua, hay un tejido social en los sectores de bajos ingresos, existe el concepto de derechos sociales: en otros países la gente está desorganizada, bajo condiciones de mucha humillación.” Otro punto a favor es que “por la reactivación, hay dinero; no sé en qué bolsillos está, pero lo hay: a diferencia de otros países, se cuenta con recursos. Por todo esto es inadmisible que haya situaciones de precariedad y hacinamiento como las que he visto aquí”, concluyó la relatora de ONU.
